¡Que se vayan todos!

Hablar de crisis de representatividad se ha vuelto casi un lugar común para todos quienes escribimos y analizamos la coyuntura política nacional. Las encuestas recientes, además, son el reflejo empírico de una desafección con la actividad política partidista y del desgaste de los mecanismos tradicionales de representación y canalización de las demandas hacia un sistema político anquilosado, que tampoco responde de forma eficaz frente a las quejas de una ciudadanía más activa. Empoderada, como les gusta decir a algunos.

En un sistema político que funcione de forma teóricamente óptima, los partidos políticos deben agregar las demandas ciudadanas y transmitirlas hacia los organismos del Estado encargados de tomar decisiones y generar políticas públicas. Sin embargo, el sistema chileno está lejos de funcionar de esa forma.

Los partidos políticos han dejado de ser el reflejo de sectores sociales claros en un espiral de deterioro que se inició hace ya varios años y que se hace más evidente. Que en las encuestas las personas no se identifiquen con la Alianza ni con la Concertación en un porcentaje considerable es un síntoma de desgaste institucional grave. Los partidos dejan de cumplir el rol para el que la democracia los necesita, luego, se vuelven superfluos, su apoyo decae, sus actividades se deslegitiman y sus opiniones pierden peso en una sociedad que empieza a valorar la actividad política –en el sentido original del término, aquélla relacionada con los asuntos de la ciudad o la república– pero a la que le repulsan los partidos políticos.

Por esta razón, los movimientos sociales que ven en los partidos políticos estructuras inmóviles e incapaces, y al Gobierno y al Congreso cooptados por las élites anquilosadas de la clase política buscan tomar en sus propias manos la solución a los problemas que ven en la sociedad. Desconfían de los interlocutores naturales para sus demandas y de los espacios de poder estatal y exigen que nuevas formas de relación directa entre el Estado y el Gobierno se abran, como los plebiscitos, bajo los cantos de sirena de la participación electoral y la simplificación máxime de las decisiones públicas.

De ahí que el problema no sea el que ha señalado Patricio Navia –que el Gobierno cede a las presiones y por eso las protestas crecen–; el asunto es previo y más grave. Se trata del quiebre entre los partidos políticos, la ciudadanía y el Gobierno y la desconfianza creciente hacia las instituciones tradicionales post dictadura. No es que la gente vea en el Gobierno una entidad debilitada de la que sea fácil, mediante protestas, obtener prebendas y beneficios. Se trata justamente de lo contrario. La gente ve que sin salir a la calle no habría respuestas, pues las instituciones llamadas a agregar las demandas ciudadanas y a darles solución son incapaces de hacerlo.

El gran error del Gobierno no solamente pasa por su increíble incapacidad política y su impresentable inoperancia frente a situaciones de crisis. Su equivocación pasa por intentar gobernar el país bajo los mismos códigos que lo hiciera la Concertación en los primeros años, sin tomar en cuenta las tremendas diferencias que se han producido en nuestra sociedad, reeditar la política de los acuerdos con la oposición, en códigos noventeros e impropios para un país que ha dejado atrás la transición política y hoy aspira a la ampliación de la democracia. La lectura que se hizo de la sociedad fue errada.

En columnas anteriores he mencionado que los gobiernos no sólo deben “hacer cosas”, no basta con que presten servicios –usando el lenguaje mercantil que el presidente usa para la educación– de salud o seguridad pública. Hay, en general, una administración pública que sigue haciendo lo mismo que venía haciendo antes. Desde la entrega de ayuda en las situaciones de emergencia en Lonquimay hasta la campaña de invierno del Ministerio de Salud. El cambio del Gobierno no se nota tanto allí, en las actividades cotidianas de los servicios públicos, se nota en la forma de gobernar, que en ningún caso es nueva. Apela a discursos pasados y muy reconocidos en la derecha: el orden público, el esfuerzo individual, la eficiencia en el gasto público. Paradójicamente ninguno de esos elementos ha estado presente.

Chile avanza rápidamente hasta un momento final en el que será imposible realizar cambios para revertir la situación política. Habrá una fecha de no retorno, cuando el sistema de partidos, el Gobierno y el sistema político en general se derrumbe y de sus ruinas emerjan nuevos líderes y nuevas promesas de cambio que buscarán renegar del pasado tradicional. El fin violento puede permitir la renovación, pero con un costo político y social alto. De ahí que el próximo Gobierno –pues dudo que éste lo haga, ha dado demasiadas señales de incompetencia– debe golpear el timón del país, abrir el sistema político, generar los incentivos para que nuevos actores aparezcan y que los antiguos decaigan. Intentar devolver la legitimidad perdida a un sistema político paralizado frente a una sociedad movilizada. Sin esos cambios el futuro no es prometedor y los pronósticos difícilmente son esperanzadores.