Monitoreo del Gobierno: Cuando las redes sociales llevan la pauta

Érase una vez la Internet, un contexto comunicacional que facilitó el enlace directo, instantáneo y barato entre millones de usuarios, transformándose un cambio cualitativo para la sociedad, comparable a la invención de la imprenta.

Los usuarios, cada vez más empoderados comenzaron a socializar sobre la Internet. Cada vez más gente común y corriente aprendió a compartir fotografías, localizaciones, opiniones y contactos de manera pública.

Y aquí está la clave: de manera pública.

Con las reacciones iniciales sobre la noticia de que el Gobierno comenzaría a monitorear conversaciones públicas, se ve que los usuarios, acostumbrados a liberar información y conversación en la Web, no comprendían el significado de la palabra publicar.

Algunas respuestas evidencia sensación de falsa de intimidad y cierta negación de la existencia de Google, Facebook, etcétera, como entidades con intereses propios. En contraste, todo el mundo parece tener muy presente que el Gobierno tiene intereses. De otra manera no se explica el contraste de la reacción.

¿Confiamos más en Google que en los políticos?

Una primera reflexión interesante podría ser que es irónico este contraste, ya que –mientras las plataformas sociales online son empresas con fines de lucro y por lo tanto interés que no tienen por qué ser el bien común– se supone que el Gobierno es una entidad que vela por el bien de los ciudadanos como principio.

¿Será que los ciudadanos creen que los políticos participantes del Gobierno no tienen el bien común como prioridad, y que anteponen otros intereses? Nótese que no digo necesariamente este Gobierno.

Sería apresurado concluir a priori que usuarios de Twitter o Facebook predominantemente desconfiamos de instituciones o funcionarios públicos y que, en cambio, confiamos más –por ejemplo– en Google. Pero creo que hay preguntas interesantes que hacer, percepciones interesantes que medir.

Lo cual –a propósito de mediciones– me lleva al tema más concreto: sin entrar a delinear asuntos de estadística o sociología, que no son mi experticia, es evidente que la granularidad de las participaciones en Twitter, Facebook, etcétera, permite hacer perfilación y muestreo.

Twitter por ejemplo tiene un estimado de un millón de usuarios en Chile a marzo de 2011, según Francisco Kemeny de Movistar Chile. Si un 1% de eso logra ser perfilado en función de algunos parámetros, pueden salir datos quizás tan relevantes como los de algunos muestreos telefónicos de los que tanto hablamos varias veces al año.

Datos para las causas

Aplicando metodología se puede determinar el “pulso” de la opinión pública, aunque sea de una élite, de manera similar a cómo se analiza la prensa, con la ventaja de que no hay una pauta sujeta al interés corporativo: Facebook y Twitter (y YouTube y Flickr) no tienen línea editorial y en ese aparente caos de comentarios, RT, “me gusta”, y tal, hay un tesoro de información en la forma de patrones esperando ser reconocidos.

Eso no es nuevo, ni es invento mío o de Pablo Matamoros, el mundo del marketing hace tiempo ha descubierto qué usuarios de las redes sociales online tienen creciente control sobre comunicación de marcas y productos. Obvio que los gobiernos, partidos y políticos no son lo mismo. Pero desde un punto de vista de la comunicación tampoco son tan diferentes, y lecciones que aprenden ágilmente privados no tienen por qué no ser aprovechadas en lo público y lo político.

Tendencia mundial

Como muy bien expresó Pablo Bello en una pregunta: “¿Por qué el Gobierno tendría que abstenerse de usar las herramientas que sí puede usar cualquier empresa o cualquier persona natural?

No hay razón. Y por lo mismo, tampoco la hay para que se resten de ello partidos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera.

El Gobierno reconoce que la pauta en medios de comunicación periodísticos es antecedida por señales en Twitter y Facebook. También lo hemos venido observando algunos usuarios, y es el “elefante en la habitación” del cual periodistas no parecen tener muchas ganas de hablar, porque no quieren reconocer que ya no tienen el control de la conversación.

Pero no importa. La misma conversación en torno a este asunto ha mostrado que el Gobierno tiene razón al considerar las redes online como algo interesante, a la vez que es una conversación que ha escapado totalmente a su control y sus probables intenciones.

Inteligencia colectiva: de muestra un botón

Se ha dado una conversación, rápida y bastante inteligente (sí, hay ruido, pero no es difícil filtrarlo) sobre el monitoreo, y algunos comentarios en 140 caracteres incluso solucionan el problema que a tantos asusta. Por ejemplo lo expresado por Enzo Abbagliati: “A todos los que dudan del monitoreo de redes que hace el Gobierno: pidan los informes vía Ley de Transparencia”.

Así de simple. La información recogida deberá estar disponible, el Gobierno estará obligado por ley a entregarla a quien consulte mediante el protocolo ya conocido.

Esto es interesante porque en el “caos” conversacional, el temor al “sapeo” compartido por muchas personas circuló por las redes sociales y llegó a alguien que tenía la respuesta experta. Ese comportamiento, aplicado a asuntos de Estado, tiene un valor incalculable y creo que estamos viendo la punta del iceberg.

Algunos creerán que el Gobierno ha dado un gran paso adelante, al hacer del tema un asunto oficial. Otros dirán que ha dado un paso hacia el abismo y que no saben “la chichita con la que se están curando”, porque ahora el Gobierno tendrá más dificultad en justificar ignorancia, por ejemplo.

Personalmente estoy de acuerdo y hasta contento con la medida, aunque tengo mis dudas de si se justifica la millonaria mensualidad que se paga a terceros, por una funcionalidad que se podría hacer con software y hardware que debería estar dentro del Estado, así como nadie pensaría en externalizar el SII. Pero bueno, es la derecha, ¿qué le vamos a hacer?; ya habrá oportunidad de perfeccionarlo, jeje.