Educación pública: ¿mucho pedir?

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Estas últimas semanas nos hemos visto involucrados en diversas polémicas, bastante mediáticas. Los curas, el proyecto Hidroaysén y la educación, esta última mucho menos citada.

Tras la protesta convocada por la Confech, el pasado jueves 12 de mayo, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, señaló que la demanda de gratuidad para los dos quintiles más pobres es imposible. Agregó que buscarían más formas de financiamiento, como becas y créditos. Esta lógica no es sorprendente. Es más, deberíamos preocuparnos si hacen una reforma de dicha magnitud, pues la visión de mercado del señor Lavín, le insta a pensar que es poco justo que el Estado se preocupe de algo así. Lo debería hacer el mercado, como lo ha estado haciendo.

¿Ha funcionado? Estadísticas de la Unesco, señalan a Chile como uno de los países con mayor porcentaje de estudiantes de nivel terciario matriculados en instituciones privadas y el primero de América Latina (74%). Tampoco es de sorprenderse esto, si miramos que el país es uno de los que tiene menor porcentaje de gasto público en educación terciaria, sólo un 0,4% del PIB, mientras que el promedio en Europa y otros países de América Latina es superior a 1%. Por supuesto, somos uno de los países que tiene mayor gasto per cápita privado en educación, tanto secundaria como terciaria.

Si bien desde 1990 la pobreza ha disminuido bruscamente y el total de matriculados ha aumentado (ver estadísticas de la Cepal) -un gran mérito que coincide con la idea de que a mayor educación, más ingreso percibe y por lo tanto, más probabilidad de salir de la pobreza- hay una deuda pendiente. El mérito parece ser de cada estudiante y familia que se sacrifica para pagar, durante o después de sus estudios, todo el arancel. El mérito ha sido de todos los estudiantes que salieron adelante, y con ello, empujan la disminución de la pobreza.

Los bancos, que a juicio de personas como el señor Lavín hacen una labor grandiosa y benevolente al permitirles estudiar a las personas, no han hecho más que ser los cosechadores de tanto esfuerzo, y cobrar utilidades por ello, algo que debería y no está haciendo claramente –la labor educativa– , el Estado.

Existen evidencias claras, que a mayor desigualdad, mayor es el premio por educación, es decir, más aumenta el ingreso de alguien por cada año que estudie. Los estudiantes, obligados a endeudarse para estudiar -la mayoría-, terminan eligiendo carreras más “rentables” según la lógica del mercado y del señor Lavín, ya que esperan, una vez egresados, destinar la menor parte de su sueldo a pagar el crédito, lo que fuerza innegablemente a una lógica carente del espíritu educador que deben tener las universidades y proveer el Estado.

El ministro de Educación considera incluso ese mísero 0,4% del PIB como un enorme gasto, pese que todos los que pagamos finalmente lo consideramos como una inversión. Es momento de entender que es una forma directa de desarrollarse como país, y no es algo tan inusual e imposible como señala el ministro, sino un derecho, que el mercado se ha preocupado de borrar.